Pide CEDH de Baja California al nuevo gobierno atender a las personas más vulnerables de la Caravana Migrante

Tijuana.- La Presidenta de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California (CEDHBC), Melba Adriana Olvera Rodríguez, expuso frente a las nuevas autoridades federales, la necesidad de fortalecer la estrategia de atención a migrantes, principalmente en contexto de mayor vulnerabilidad, en reunión convocada la noche del sábado 1 de diciembre por el Presidente del Consejo Estatal de Atención al Migrante, Rodolfo Olimpo, en la sede del Ejército de Salvación en la colonia Libertad.

Ante el Coordinador Nacional de Protección Civil, David E. León Romero; la Representante de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Ana Tovar; el Titular de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), Andrés Ramírez Silva, entre otros representantes de la nueva administración federal que encabeza el Presidente Andrés Manuel López Obrador, la Ombudsperson subrayó la preocupación por que se salvaguarden los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes; las mujeres; las personas con discapacidad y las personas adultas mayores provenientes de Centroamérica que transitan por Baja California.

“Independientemente de qué haya detrás de la Caravana Migrante, lo que hay enfrente son víctimas de desplazamiento por pobreza, por violencia, por falta de oportunidades y las víctimas en situación de mayor vulnerabilidad son las niñas, los niños y los adolescentes”, subrayó Olvera Rodríguez.

La Titular de la CEDHBC expuso su preocupación por que se garantice el derecho a la salud tanto de las personas que aún se encuentran en el albergue de la unidad deportiva Benito Juárez, como las que están en el albergue El Barretal, en los términos de las medidas cautelares solicitadas por el Organismo desde el 11 de noviembre.

Destacó que la CEDHBC ha mantenido coordinación con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y los organismos estatales para seguir el desarrollo de la Caravana; en ese sentido puntualizó el llamado conjunto que el Organismo de Baja California hizo con la CNDH y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) para que la actuación de las autoridades se realice con apego a la ley, al respeto a los derechos humanos y enfoque humanitario, ante el riesgo latente de que se cometan injusticias o se separe a los integrantes de las familias de personas migrantes que buscan mejores oportunidades de vida.

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